Legitimar a Herman Bern puede ser muy costoso para el país

laestrellaCuando salí de la Alcaldía en abril de 1991, fui acusado de “robarme” un carro, además de fondos donados por Taiwán.

Si algo aprendí como alcalde de Panamá es que para cualquier funcionario es ‘un dolor de cabeza’ que lo demanden por lo que haga o deje de hacer. Pueden pasar años de incertidumbre, de pesar y estrés, propio y familiar, eso de subir y bajar escaleras, a menudo frente a las cámaras de televisión. Allí uno no sabe con qué se saldrá el fiscal que le investiga, si algún poderoso ha hecho ‘la llamada ‘ que puede cambiar el rumbo de su vida, o si hay una ‘mano negra ‘ moviendo los hilos del caso en que por su actuar, por inocencia o con segunda intención, el funcionario se vio involucrado.

Cuando salí de la Alcaldía en abril de 1991, fui acusado de ‘robarme ‘ un carro, además de fondos donados por Taiwán. Motivó que, siendo legislador, acudiera a la Fiscalía para despojarme de mi inmunidad y enfrentara lo que fuera necesario. No hubo nada y hasta el contralor Carles me absolvió de semejante infundio. Pero, la calumnia corrió como pólvora, y ese rumor me costó un cargo de elección en el siguiente Congreso del PDC.

Hoy tenemos un caso que tendrá grandes consecuencias en el futuro: la ilegal venta autorizada por el Consejo de Gabinete el 17 de mayo, a Herman Bern, publicada en Gaceta Oficial del 20 de junio, donde un ministro (Educación) no firmó y, otro, quizá advirtiendo que lo que se hacía no estaba bien, Milton Henríquez, salvó su voto. Leyendo con detenimiento ese documento, al igual que prestigiosos colegas a los que he consultado, concluyo que esa Resolución podría no haber sido preparada por los experimentados abogados de la Dirección Superior del MEF. Veamos por qué.

1. Allí se autoriza a vender directamente dos parcelas de terreno a Herman Bern, a pesar de que el Artículo 266 de la Constitución Nacional obliga a que toda venta de bienes estatales debe ir a licitación. Para ayudar a Bern, ese proceso fue obviado, saltado, olvidado, negado, borrado, echado a un lado. Se autoriza un procedimiento excepcional para vender, como si se tratará de un terremoto o de una inundación.

2. En la decisión de venta se argumenta la buena fe de Bern de construir sobre esas tierras. En lugar de buena fe , lo que hubo fue temeridad en comenzar a edificar allí, a sabiendas de la existencia de un proceso en la Sala III de la Corte Suprema ante las irregularidades de la licitación. No hay buena fe, porque Bern construyó a su cuenta y riesgo, a sabiendas de que podía perder, como ocurre en cualquier litigio. Se hizo representar en dicho proceso antes de comenzar a construir, quizá pensando que iba a ganar; se arriesgó y le fue mal: que asuma las consecuencias. Después de los fallos en contra de la Corte Suprema, esas mejoras pasaron a ser propiedad del Estado, por haberse construido en terrenos cuya licitación y concesión fueron anuladas por la Sala III.

3. Si bien el Artículo 15 del Código Civil establece la presunción de legalidad de los actos administrativos del Gobierno, sin embargo, al haber sido demandados y declarados nulos por ilegales por sendas sentencias de la Corte Suprema de los años 2008 y 2015. O sea, no se presume legalidad alguna.

4. Ni siquiera pidieron la opinión al procurador de la Administración ni consultaron a la Procuraduría General de la Nación sobre la viabilidad jurídica de la venta que pretendían realizar.

5. El apuro trae cansancio , como dice el refrán. No hay delito perfecto; siempre quedan rastros. Fue la celeridad como se hizo esto, a pesar de repetidas advertencias, que se les olvidó que existen al menos dos procesos sobre este caso aún no resueltos: uno en el mismo MEF y otro en el Órgano Judicial.

Frente a esto surge la interrogante de ¿por qué, a sabiendas de los vicios constitucionales y legales que tal Resolución de Gabinete contiene, algunos funcionarios arriesgan tanto para ayudar a Herman Bern, sin importarles las consecuencias de sus actos? Verdaderamente no me explico por qué gente seria quiere ir de visita al edificio Avesa, cuando ‘el poder del puesto ‘ se esfume.

La Resolución de Gabinete mencionada viola garantías fundamentales que tutelan la seguridad jurídica del Estado panameño. A partir del funesto precedente aplicado al precarista Bern (construyó en tierra que no era de él), todo aquel que haya construido una casa bruja sobre terreno estatal tendrá el mismo derecho que Bern de que le vendan la tierra que ilegalmente ocupó.

Es por ello que esta actuación ilegal del Estado tiene sanciones penales para quienes la firmaron, con excepción de Marcela Paredes, ausente en ese gabinete, y Milton Henríquez, que expresamente salvó su voto. Dos de los firmantes, Terrientes y Arango, ya no son ministros. Desde el presidente hasta el resto de los ministros firmantes son corresponsables de las consecuencias de ese acto.

¿Será justo que se exponga al país a otro trauma de inseguridad jurídica por tratar infructuosamente de legitimar una acción violatoria de las leyes, solo porque se trata de vinculados al Gobierno? ¿Se habrá dado cuenta Bern del lío en que ha metido al Gobierno para satisfacer sus intereses? Pareciera que se quiere repetir la ilegalidad del Miramar de tiempos de Endara en el caso de Playa Bonita.

Versión digital publicada el 9 de agosto de 2016 en La Estrella.