¿Hay plena libertad de expresión en Panamá?

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TRIBUNA

La falta de transparencia restringe la libertad de prensa

En Panamá se celebró el 3 de mayo pasado el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Fue una llamada de atención mundial por la cada día más exigua libertad de este inalienable derecho humano como es el de estar informado plenamente. Como lo dijo Edison Lanza, Relator de la CIDH: estamos retrocediendo. No hizo mención en particular a Panamá, país que pretende con un connacional ejercer la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. 

La principal guía del quehacer diario de la SIP es la Declaración de Chapultepec, firmada en México el 11 de marzo de 1994. Su principal redactor fue Eduardo Ulibarri, por 19 años Director del prestigioso diario La Nación de Costa Rica. Entre los principios de esta Declaración es que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa”; que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente, sin que nadie pueda restringir o negar estos derechos”; que “poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna o equitativa la información generada por el sector público garantiza la libertad de información” y que “la creación de obstáculos no debe existir para el libre flujo de información”.

El pilar de la SIP es la Comisión de Libertad de Prensa e Información, la cual Ulibarri presidió por varios años. Dicha comisión monitorea de manera continua todas las violaciones a la libertad de prensa en el hemisferio occidental y pasa revista a dichas violaciones en sus informes semestrales.

El último informe fue resultado de la reunión de Panamá, país sobre el cual no se dijo demasiado. Allí hay una empresa telefónica mixta, Cable & Wireless Panamá, S.A., de la cual el 49% pertenece a la transnacional inglesa Cable & Wireless, 2% a sus trabajadores y el restante 49% al Estado, o sea a todos los panameños. Por su carácter público, es deber del Estado, según reza la Declaración de Chapultepec, proveer a la ciudadanía información de lo que hace esta empresa y no, como ha hecho hasta ahora, sólo decirnos cuánto de dividendos se le antoja a los británicos reportarnos cada año. A su vez, es deber de los medios divulgar todo lo que se sepa de esta empresa, sea bueno o sea malo, sin consideración a la fuente de ingresos que represente la excesiva cantidad de anuncios que reciban de ésta para su divulgación.

Es deber de los medios divulgar todo lo que se sepa de esta empresa, sin consideración a la fuente de ingresos

Nada de esto ha ocurrido. Desde que se privatizó el Instituto Nacional de Telecomunicaciones en 1996 y fue cedido en 49% a Cable & Wireless, funcionarios de gobierno de Panamá han estado presentes en la Junta Directiva de la transnacional. En ninguna oportunidad han informado sobre sus actividades. Hoy nos “representan” recibiendo dietas de cinco mil dólares al mes, más viáticos cuando las reuniones son en Londres, el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, y el presidente de la Caja de Ahorros, Álvaro Tomas. A pesar de ser una empresa pública, la Contraloría General de la República nunca ha ejercido control alguno sobre sus operaciones.

El 23 de enero pasado presenté formal denuncia ante el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) para que investigara graves situaciones dadas a lo interno de dicha empresa, algunas vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli, como el no pagar una empresa de sus hijos el impuesto al consumo en venta de tarjetas celulares prepago, como el recibir regalos impropios de la telefónica, contratos multimillonarios a familiares sin licitiacion alguna, y otras conductas típicas de una situación de claro conflicto de interés. Las denuncias presentadas se corroboran con la destitución de quien dirigía la empresa hasta el 31 de diciembre pasado, Jorge Nicolau.

De allí a más, nada ha sucedido. A más de tres meses de la denuncia, el MEF guarda silencio. Los medios de comunicación ignoran la situación, con excepción de uno, TVN2, que divulgo la noticia pero sin advertir que se trataba de Cable & Wireless. Los demás, silencio absoluto. El poder de anunciante que tiene la telefónica es tan grande que nadie quiere exponerse a que no pauten en sus espacios.

Así como sostengo que en Panamá no hay libertad de prensa y de información, igual podría decirse de muchos otros países de la región, calificados por la SIP con supuesta plena libertad, pero que sucumben al poder de las transnacionales que a su alrededor crean un peligroso cerco informativo para impedir que sus “travesuras” comerciales sean conocidas por quienes debemos estar informados. Peor aún, con la complicidad del Estado.

Guillermo Cochez fue embajador de Panamá ante la OEA, julio 2009-enero 2013. gcochez@cableonda.net

Versión digital publicada el 17 de Mayo de 2015 en El País