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este reconocimiento por más de 20 años
de servicio en la Universidad de Panamá.

La historia de Willy Cochez como académico comenzó en 1975 cuando fue invitado por el entonces Decano de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, doctor César Quintero, a dictar clases de Derecho Comercial. A pesar de los altibajos experimentados en sus primeros años como docente, Cochez terminaría convirtiéndose en profesor titular de esa casa de estudios por tres décadas, luego de obtener su cátedra mediante concurso de oposición, el primero que se hacía en la Universidad de Panamá desde inicio de la dictadura en 1968. Siempre ha dicho que “la docencia está llena de satisfacciones” y que el ejercicio de esa actividad fue su manera de retribuirle a la Universidad lo que ésta hizo por él.

Durante sus 33 años como catedrático Cochez patrocinó la evaluación estudiantil de los profesores. Su calificación por parte de los estudiantes siempre se mantuvo en 93% de aceptación. Optaba por sacar a los estudiantes fuera de las aulas, por ejemplo llevando a a los alumnos de Derecho Marítimo a giras por el Canal, con el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)  y por puertos en el Atlántico.

Nunca dudó en participar, en adición a su compromiso académico, en cuanto seminario fuera invitado por los estudiantes o por otras universidades. Presidió durante siete años la comisión de disciplina de la Facultad de Derecho, donde se caracterizó por su ecuanimidad.

Como profesional del Derecho, Cochez ha mantenido en su ejercicio la misma actuación que lo hace destacar en la política: confrontación y polémica. Muchos de los casos manejados por el abogado panameño han terminado ventilándose en los medios de comunicación, a pesar de que muchos de sus colegas consideran que lo apropiado es mantenerse en el terreno de los tribunales.  Pero Cochez ha justificado su proceder esgrimiendo que en su país, “lastimosamente”, la justicia suele favorecer a los poderosos; por lo que en muchos casos airear en los medios “la defensa de los humildes” es un recurso que ayuda a proteger a sus clientes.

El jurista Cochez ha dado importante seguimiento a las actividades presuntamente irregulares de la empresa británica de telecomunicaciones Cable & Wireless (C&W) presente en Panamá, en la que casi la mitad de su capital pertenece al Estado y un pequeño porcentaje corresponde a sus trabajadores.

En abril de 2002 Guillermo Cochez y su socio Víctor Martínez examinaron los estados financieros 2000-2001 de la compañía y detectaron que C&W estaba enviando regalías a la casa matriz en Londres, Inglaterra, antes de distribuir los dividendos entre sus socios: el Estado – propietario del 49% de las acciones – y los trabajadores, dueños del 2% de las acciones. Frente a las evidencias, Cochez Martínez & Asociados interpusieron ante los tribunales panameños una demanda de “Bien Oculto del Estado”. En ese momento, Cochez aseguró que las regalías justificadas por la telefónica durante cinco años sumaban hasta abril de 2002 sesenta y ocho millones de dólares y se seguirían cobrando durante los siguientes 15 años. Leer artículo relacionado: Cable & Wireless se queda con B/. 34.5 millones del Estado. 

Luego, el 23 de enero de 2015 continuaron las acusaciones contra C&W por parte de Cochez. Ahora, en pleno ejercicio de la administración del presidente Juan Carlos Varela, el abogado exigió al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) que investigara las graves situaciones dadas a lo interno de dicha empresa, algunas vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli.

Entre las irregularidades Cochez destacó el hecho de que el exmandatario tenía acciones en Dicomar, S.A., una empresa dedicada a la venta de tarjetas prepago de celulares con Cable & Wireless, negocio completamente legal. El asunto oscuro vino cuando en 2010 se introdujo en Panamá el Impuesto Selectivo al Consumo y las tarjetas de celular comenzaron a pagar un tributo del 7 % sobre el total de la venta. El entonces presidente Martinelli decidió que su empresa no debía pagar ese impuesto y así se lo solicitó al entonces gerente general de C&W, Jorge Nicolau. Así, Martinelli y Nicolau negociaron que el 75 % de ese impuesto cobrado a los compradores de dichas tarjetas se devolvería a Dicomar mediante notas de crédito. “Era el único distribuidor de tarjetas con ese ilegal privilegio, donde ambas partes cometían un ilícito. Uno, por no pagar el impuesto, y el otro, como agente retenedor por devolverlo al que lo pagaba”, denunció Cochez entre otras cosas. Leer artículos relacionados:

El 11 junio de 2015, Guillermo Cochez presentó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el documento Subsanación de Omisiones” en el que se expone una serie de iniciativas y acciones para recuperar unos 28.600.000 de dólares que el Estado Panameño dejó de percibir por los manejos irregulares de la gerencia de la empresa mixta C&W.

Fundamentándose en los numerales 1 y 2 del artículo 82 del Código Fiscal, y demás normas concordantes en el istmo, el jurista hizo esta propuesta dentro de la denuncia de bien oculto de fecha 23 de enero de ese mismo año introducida por Guillermo Cochez y su socio.

En este nuevo oficio, Cochez destacó como paso fundamental la realización de una experticia de Peritos Contables para el desenvolvimiento de una Diligencia Exhibitoria a los archivos de Cable & Wireless que aseguren las pruebas que sustentan la querella.

Otra de las querellas de Cochez Martínez & Asociados destaca una de reciente data, la del empresario de origen italo-libanés Jean Figali vs. el Estado panameño. Figali, representado por varios abogados entre los que se encuentra Cochez, presentó ante la Fiscalía una querella por la expropiación de una concesión internacional que había ganado durante el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004) para explotar el terreno resultante del relleno de una zona costera llamada Amador, ubicado en la Ciudad de Panamá. Allí el empresario naturalizado panameño desarrolló el Figali Convention Center, pero durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), funcionarios de ese gobierno ejecutaron contra el empresario una serie de acciones ilegales – entre ellas el levantamiento de cargos falsos de blanqueo de capitales – para arrebatarle los derechos adquiridos. El caso, muy sonado en Panamá, expuso la extralimitación de funciones y abuso de autoridad por parte del expresidente Martinelli y varios de sus funcionarios. Hasta la fecha, todo indica que detrás del acoso del Ejecutivo estaba el gran interés de Martinelli de apropiarse de esos espacios para desarrollar un negocio de miles de millones de dólares llamado “Amador Waterfront”.